Los campesinos guatemaltecos Federico Ramos Meza y Manuel Gudiel fueron arrancados violentamente del surco para obligarlos a prestar el servicio militar en 1946. Tras seis meses en el cuartel, su unidad fue trasladada para prestar apoyo a tropas norteamericanas allí acantonadas. “Al día siguiente fuimos llamados a la enfermería de los gringos. Nos pusieron unas inyecciones. Empezaba el experimento del diablo”, narra Ramos con la mirada perdida. Él y su compañero acababan de ser víctimas de las prácticas de eugenesia puestas de moda por los nazis unos años antes.
Entre 1946 y 1948, un grupo de médicos estadounidenses, dirigidos por John Charles Cutler, bajo el patrocinio directo de la Secretaría de Salud del Gobierno estadounidense, inoculó con sífilis y gonorrea, sin darles ninguna información, a soldados, prisioneros, prostitutas y hasta a niñas de un hospicio . Fueron 696 los guatemaltecos infectados para probar con ellos los efectos curativos de la penicilina en el combate a estas enfermedades venéreas.
Durante décadas, nadie se acordó de las víctimas ni de sus familias, que sufrieron siempre los efectos de las enfermedades. Pero el pasado otoño la investigadora estadounidense Susan Reverby encontró los archivos del ya fallecido Cutler y se destapó el escándalo. El presidente estadounidense Barack Obama se disculpó por teléfono con el mandatario guatemalteco, Álvaro Colom.
“Es el abandono en que las víctimas han subsistido, luchando día a día por ganarle el pulso a la miseria, lo que nos animó a poner la demanda”, dicen los abogados del bufete guatemalteco Hiram Sosa Castañeda que, junto a una firma norteamericana (Henry Dell, especializada en casos de lesa humanidad) ha denunciado al Gobierno de EE UU, y luego hará lo mismo con el de Guatemala y una farmacéutica.
Ramos, que hoy tiene 86 años, y Gudiel (85) han sobrevivido durante todos estos años en la frontera de la miseria, y en las condiciones más adversas todos, cuentan en su pueblo, Las Escaleras, una recóndita y humilde aldea al Este del país. El primero asegura que nadie le explicó qué les estaban haciendo cuando les ponían las inyecciones. “Habría que estar loco para aceptar ser parte de un experimento de esa naturaleza. En el cuartel, ya se sabe, solo se obedecen órdenes”.
Los efectos de la enfermedad empezaron a manifestarse a los tres meses. A partir de entonces, cada 15 días eran llevados a la clínica, para una revisión. “A pesar de las molestias y dolores cada vez más intensos, jamás fuimos relevados de nuestra rutina de soldados”, apostilla Gudiel. Tras licenciarse (el servicio militar duraba dos años) les abandonaron a su suerte, mala, por las consecuencias que siguen padeciendo hoy.
Ramos sufre dolores frecuentes de cabeza y tiene problemas en las articulaciones. Todavía supura y orina sangre. “Nunca me curaron. A lo más que llegaron fue a procurarme un alivio pasajero”. Añade que sus hijos y nietos están pagando las consecuencias. Su hija mayor perdió la vista siendo niña. Gudiel está casi ciego, padece de incontinencia urinaria y tiene llagas en las piernas. Al ignorar la naturaleza de su enfermedad, contagió a su mujer. Un tercer compañero de infortunio, Celso Ramírez Reyes, murió en 1997. Su hijo, del mismo nombre, cuenta que una de sus hermanas y su hija mayor son ciegas, mientras el más pequeño de sus niños sufre de ataques epilépticos. Él padece permanentemente de dolor de cabeza y músculos. “Como uno es muy pobre y no puede pagar médico, se tiene que conformar con remedios caseros”, se lamenta con un gesto de impotencia absoluta.
La memoria puede haber perdido fidelidad. Han transcurrido más de 65 años, pero Ramos y Gudiel recuerdan que algunos de sus 
antiguos compañeros sufrieron amputaciones del pene, lo que llevó a muchos de ellos al suicidio.
Los abogados explican que tienen confianza en que el Gobierno de Washington indemnizará a las víctimas -recuerdan que los afroamericanos sometidos al mismo experimento en Alabama fueron indemnizados-, pero vaticinan un proceso lento y complicado. Si se llega a un acuerdo extrajudicial, el caso podría resolverse en nueve meses; si van a juicio, puede tardar años.
Al Gobierno de Guatemala le denunciarán por haber permitido los experimentos y abandonar a las víctimas. “No tenemos muchas esperanzas en la justicia local, lo que nos obligará a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, anticipan los letrados.Y finalmente irán a por una compañía farmacéutica de la que no citan el nombre. “Sabemos cuál es y que ha ganado mucho dinero con la comercialización de la penicilina”, aseguran.
Los niveles de infamia sobrepasan cualquier límite, al grado de extender los experimentos a niños de corta edad, con el agravante de cebarse en los huérfanos. Marta Lidia Orellana, de 74 años, recuerda cómo, siendo una niña de 10, fue sacada del patio de recreo del hospicio y llevada a la clínica del orfanato. “Me obligaron a desvestirme. Con lujo de fuerza me separaron las piernas y empezaron a manipular mi vagina. Fue muy violento. Todavía tengo pesadillas y me despierto gritando, bañada en sudor”, cuenta ruborizada.
Insiste en que tampoco a ella le explicaron nunca el porqué de tales exámenes, cuando en toda su vida había padecido enfermedad alguna. Dice creer que los médicos eran estadounidenses, “porque eran muy altos y rubios”. Las veces en que se atrevió a preguntar sobre el tratamiento, le contestaban con violencia -”tú te callas”, gritaban- y la amenazaban con golpearla. “Sí, había un doctor guatemalteco, de apellido Cofiño, que era muy grosero”, confiesa.
Añade que, tras abandonar la inclusa, con 17 años, no recibió ningún tipo de seguimiento. “Mi gran problema fue que no me extendían la certificación de sanidad exigida para cualquier trabajo, con un único argumento: “Tienes mala sangre”. Y recuerda que, embarazada de su hija menor, eran inyectada con penicilina, sin importar el riesgo que ello implicaba para su bebé. “¡Dios los perdone!”, exclama, antes de perderse en el recuerdo con las lágrimas asomándose a los ojos.
Fuente: Elpais.com
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octubre 2010 se reveló públicamente que el gobierno de Estados Unidos expuso a la sífilis a cientos de hombres en Guatemala en el marco de macabras experimentaciones desarrolladas durante la década de 1940. Apenas salió a la luz la noticia, el Presidente Barack Obama telefoneó al Presidente de Guatemala Álvaro Colom para disculparse. Colom calificó las experimentaciones de “una violación de los derechos humanos increíble”: “Es una violación de derechos humanos increíble pero ahí está y hay que afrontarla… y vamos a hacer todo lo necesario para que podamos aclarar lo más rápido posible qué profundidad tuvo y qué efectos humanos tuvo, que a nosotros nos interesan los afectados fundamentalmente y como estado pues obviamente… indignados… y si hubiese autoridades del pasado involucradas también se va a decir.” Colom afirmó además que su país evalúa la posibilidad de llevar el caso ante una corte internacional.
Las revelaciones surgieron a raíz de una investigación llevada a cabo por la historiadora médica Susan Reverby, del Wellesley College, acerca de los tristemente célebres estudios de Tuskegee sobre la sífilis. Los dos antiguos proyectos de investigación del gobierno estadounidense en Tuskegee, Alabama y Guatemala (nocivos por igual) son espejo el uno del otro. Ambos muestran a qué extremo se puede ignorar la ética a fin de obtener conocimientos médicos y ambos nos recuerdan que la investigación médica necesita constante supervisión y regulación.
Reverby es autora del libro recientemente publicado “Examining Tuskegee,” una exhaustiva historia de la investigación sobre la sífilis conocida como “Estudios de Tuskegee”.
Tuskegee, en el estado de Alabama, se encuentra en el corazón del Sur Profundo estadounidense. Desde 1932, y hasta ser revelado por la prensa en 1972, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo estudios de largo plazo sobre los efectos de la sífilis cuando no es tratada. El estudio consistió en decirle a cuatrocientos hombres con sífilis que recibirían un “tratamiento especial” para su “sangre mala.” Sin que estos hombres lo supieran, se les administraban placebos inútiles, pero no la cura prometida y su debilitamiento, causado por la sífilis no tratada, fue estudiado durante décadas. En sus fases avanzadas, la sífilis puede ocasionar desfiguración, demencia, ceguera y dolor agudo crónico. Es una manera horrible de morir. Durante los años en que se desarrollaban estas experimentaciones, se descubrió que la penicilina curaba la sífilis.
Sin embargo, no se informó a los hombres de la posible cura y se les negó tratamiento cada vez que alguno de ellos lo requería.
En Tuskegee, los hombres infectados no recibieron tratamiento. En Guatemala sucedió lo contrario.
Allí, los investigadores del gobierno de Estados Unidos infectaban con sífilis a los prisioneros y luego los trataban con penicilina para medir los efectos del antibiótico inmediatamente después de la exposición a la enfermedad. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y de esta manera es como el médico que encabezaba las operaciones, el Dr. John Cutler del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, intentaba infectar a los prisioneros. La historiadora médica Susan Reverby describió las experimentaciones de la siguiente manera: “Fueron a Guatemala porque la prostitución era legal en ese país y era legal además llevar prostitutas a las cárceles para servicios sexuales. Cuando no pudieron generar la infección al nivel esperado con el ingreso de prostitutas, comenzaron las inoculaciones y la manera en que funcionaron fue… En primer lugar la sífilis no es fácil… Hay una razón por la que es una enfermedad de transmisión sexual. No es posible simplemente sacar sangre a una persona con sífilis y pasársela a otra persona. De hecho, es necesario crear una vacuna. La bacteria que causa la enfermedad puede morir al tener contacto con el aire, es por eso que debe pasar a través de líquidos y fluidos corporales y es por eso que se transmite sexualmente. Crearon una vacuna utilizando las pruebas de campo con conejos que ya tenían la enfermedad. Raspaban o rasguñaban los brazos de personas en cárceles, asilos psiquiátricos y barracas del ejército. Utilizaron sus brazos, sus mejillas, además buscaron hombres, y francamente esta parte me resulta completamente increíble y hace que todo parezca parte de una película clase B, encontraron hombres con prepucios largos, tomaban sus penes, retiraban el prepucio hacia atrás, raspaban el glande y aplicaban la vacuna por medio de un pequeño trozo de algodón con gaza, un apósito. Hacían esto durante una hora y media o dos horas con la esperanza de que la infección se transmitiera de esa manera.”
Procedimientos similares fueron utilizados con pacientes psiquiátricos y soldados.
Irónicamente, el estudio en Guatemala comenzó a desarrollarse en 1946, el mismo año en que los tribunales de Nuremberg por primera vez juzgaron a médicos nazis, acusándolos de llevar a cabo experimentos atroces con prisioneros de campos de concentración. La mitad de los acusados fueron condenados a muerte. Durante el proceso se creó el Código Nuremberg, que establece estándares éticos para la experimentación médica con humanos y la obligatoriedad del consentimiento informado. Pero, al parecer, a los investigadores estadounidenses no les importó Nuremberg.
El Dr. Cutler, responsable del proyecto de Guatemala, participó luego de los estudios de Tuskegee. En un documental de PBS “NOVA” de 1993 llamado “Engaño mortal” afirmó: “Era importante que no se los tratara, y no habría sido deseable seguir adelante y administrarles grandes dosis de penicilina para tratar la enfermedad ya que esto hubiera interferido con el estudio.” El Dr. Cutler murió en el año 2003.
El gobierno de Estados Unidos con frecuencia ha llevado a cabo experimentos sin consentimiento informado de los sujetos. A mujeres de Puerto Rico se les administró estrógeno a niveles de riesgo mientras se probaban las pastillas anticonceptivas.
En otras investigaciones, se inyectó plutonio a pacientes hospitalizados que no se habían ofrecido como voluntarios para estudiar los efectos de ese elemento en el cuerpo humano. Dow Chemical, Johnson & Johnson y las autoridades de la cárcel de Pensilvania expusieron a los internos a químicos, entre ellos a dioxinas, para probar sus efectos. Muchas de las personas sometidas a este tipo de experimentación han muerto o han visto sus vidas dañadas de forma permanente. Todo esto en nombre del progreso o de las ganancias.
Los investigadores se apuran a señalar que este tipo de prácticas son cosa del pasado y que han dado paso a lineamientos estrictos que aseguren el consentimiento informado de los sujetos. Sin embargo, se hacen esfuerzos para suavizar las restricciones en casos de experimentación médica en cárceles. Es necesario preguntarse qué significa “consentimiento informado” dentro de una cárcel, o en una comunidad pobre donde se utiliza el dinero como incentivo para “ofrecerse” como voluntario para una investigación. La investigación médica debería llevarse a cabo únicamente si respeta estándares humanitarios y cuenta con consentimiento informado y supervisión independiente, si es que las lecciones de Nuremberg, Tuskegee y ahora Guatemala tienen algún significado.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
