I. Resumen
El Presidente Hugo Chávez y sus partidarios han logrado neutralizar la independencia del poder judicial de Venezuela. Ante la ausencia de un control judicial efectivo de sus acciones, el gobierno de Chávez ha debilitado sistemáticamente la libertad de expresión y la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover derechos fundamentales. También ha iniciado acciones judiciales contra quienes critican al gobierno.
II. Problemas de derechos humanos
Falta de independencia judicial
En 2004, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional emprendieron una estrategia de copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó la designación de partidarios del gobierno y la adopción de nuevas medidas que permitieron depurar al Tribunal[1]. Desde entonces, el Tribunal prácticamente ha abdicado de su rol de contralor del poder ejecutivo. No ha defendido derechos fundamentales consagrados en la Constitución venezolana en varios casos clave vinculados con medidas del gobierno que limitaban derechos.
El impacto de la profunda modificación de la composición del Tribunal Supremo a favor del gobierno pronto se extendió a todo el poder judicial. El Tribunal Supremo afín al gobierno, a cargo de designar y destituir a jueces de tribunales inferiores, ha modificado significativamente la composición de todo el Poder Judicial.
En diciembre de 2010, los aliados de Chávez en la Asamblea Nacional actuaron rápidamente para mantener el copamiento del Tribunal Supremo. Al modificar el plazo legal para designar a magistrados del Tribunal Supremo, pudieron nombrar a 9 magistrados titulares y 32 suplentes, pocas semanas antes de que asumieran los nuevos miembros de la Asamblea Nacional -muchos de ellos, de la oposición- en enero de 2011.
En el marco del inicio de las actividades judiciales del año 2011, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, sostuvo que en Venezuela las leyes “responden a un fin ideológico”. El orador de orden durante la ceremonia pública fue el magistrado Fernando Torre Alba, quien manifestó que el poder judicial “está en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecución… de la Política de Estado que adelanta el gobierno… para conducir un socialismo bolivariano y democrático” y que todos los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, deben “aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción de [dicho] socialismo”.
Uno de los casos paradigmáticos que evidencia la falta de independencia judicial en Venezuela es la detención arbitraria de la Jueza María Lourdes Afiuni. En diciembre de 2009, la Jueza Afiuni fue detenida el mismo día en que concedió la libertad condicional a Eligio Cedeño, un empresario del sector bancario acusado de corrupción. Afiuni estaba cumpliendo una recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, ya que Cedeño había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, pese a que el período máximo establecido por la ley venezolana es de dos años. El día siguiente a la detención, Chávez calificó a Afiuni como “bandida” y afirmó que debía recibir la pena máxima, de 30 años de prisión. La Jueza Afiuni fue acusada de corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. El juez que presidirá el juicio contra Afiuni ha expresado abiertamente su apoyo al Presidente Chávez, y ha señalado que “jamás traicionaría… [a su] Comandante porque llev[a] la Revolución en la sangre”.
La Jueza Afiuni permaneció detenida en condiciones deplorables durante más de un año en una violenta cárcel de mujeres de Caracas. Al momento de la redacción de este documento, continúa detenida arbitrariamente en arresto domiciliario. Varios órganos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos y de Naciones Unidas han cuestionado la legalidad y las condiciones de la detención de la Jueza Afiuni.
Libertad de expresión
En Venezuela existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír de igual manera sus críticas y su apoyo al presidente. No obstante, el gobierno ha discriminado a medios que difunden la opinión de opositores políticos, ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y ha creado poderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren.
Entre las leyes que han contribuido al clima de autocensura, pueden mencionarse las reformas al Código Penal de 2005 que amplían el alcance del “desacato”, que penaliza las expresiones consideradas ofensivas para funcionarios de alto rango, pese a que las normas internacionales exigen su abolición. En 2004 se sancionó una Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que permite la suspensión arbitraria de canales que cometen “incitación” – un término que es definido de una manera sumamente vaga. En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional amplió el alcance de esta ley de radio y televisión e incluyó Internet. También reformó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que dispone actualmente que los medios de radio y televisión e Internet constituyen un “servicio público” y que, como tales, quedan “reservados al Estado”. Esta ley otorga al gobierno la facultad de suspender o revocar licencias de transmisión a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad”.
El gobierno ha abusado de sus facultades de control de las frecuencias de radio y televisión para castigar a las estaciones que emiten una programación manifiestamente crítica, y ha obligado a los medios privados a transmitir los discursos del presidente y otros funcionarios. Desde que asumió el poder en febrero de 1999, Chávez ha obligado a los canales de radio y televisión que trasmiten a través de señales de aire públicas a difundir en directo más de 2.000 discursos.
En enero de 2010, CONATEL, la entidad gubernamental que regula las telecomunicaciones, ordenó a los proveedores de televisión por cable del país que interrumpieran la señal de aquellos canales que no cumplían con la ley de radio y televisión hasta que solicitaran y se les reconociera la condición de canales “internacionales” (a los cuales la ley no se aplica). La suspensión afectó a siete canales, entre ellos RCTV International, el canal de cable creado luego de que la señal de RCTV -un medio opositor a Chávez- fuera retirada del aire en 2007. Si bien al poco tiempo la mayoría de los canales reanudaron su señal, CONATEL rechazó la solicitud de RCTV International. Al momento de la redacción del presente documento, el canal sólo se encontraba disponible en Internet y estaba prohibida su transmisión en la televisión por cable de Venezuela.
Asimismo, CONATEL investiga actualmente seis supuestas infracciones de la ley de radio y televisión o de la ley de telecomunicaciones por parte de Globovisión, el único canal de televisión abierta que aún mantiene su postura crítica frente al gobierno. Según la representante legal de Globovisión, todos los casos alcanzaron la instancia de resolución pero aún no se ha adoptado ninguna determinación, y algunos han estado pendientes durante más de un año.
Además, el gobierno ha adoptado normas vagas que amplían su facultad de limitar el acceso a casi toda la información en su poder, lo cual contradice el principio de máxima divulgación de la información pública. En junio de 2010, Chávez creó por decreto el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), con amplias facultades para restringir la difusión pública de cualquier “información, hecho o circunstancia” que considere que deba tener carácter confidencial. El lenguaje del decreto es tan amplio que podría permitir que el gobierno, en forma absolutamente discrecional, impidiera la difusión de información por parte de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Y, en diciembre, el gobierno de Chávez adoptó la Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública, que dispone que “los activos de información relacionados con el personal, clientes, información financiera, técnica, administrativa y cualquier otra información sensible de la institución, cuyo conocimiento y divulgación a personas no autorizadas causen daños a la institución” tendrá carácter confidencial. Esta norma ofrece una serie de ejemplos y dispone que las autoridades gubernamentales podrán considerar que “cualquier otro activo de información que el propietario así establezca” también reviste carácter confidencial.
Defensores de derechos humanos
El gobierno de Chávez ha intentado activamente desacreditar a organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. Diversos funcionarios, el presidente entre ellos, han formulado reiteradamente acusaciones infundadas que vinculan a defensores de derechos humanos con intentos por desestabilizar el país.
Los defensores de derechos humanos han sido objeto de investigaciones penales. En julio de 2010, el Presidente Chávez señaló que los fiscales debían “investigar a fondo” los “millones y millones de dólares” que el Departamento de Estado de los Estados Unidos destina a organizaciones no gubernamentales venezolanas. Estas declaraciones se formularon un día después de que una organización que apoya al gobierno presentara una denuncia formal ante los fiscales para que se investigue el financiamiento recibido por dos de las principales organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Ese mismo mes, el Tribunal Supremo resolvió que “la obtención de recursos financieros, ya sea de manera directa o indirecta, provenientes de estados extranjeros con la intención de emplearse en perjuicio de la República [y] los intereses del Pueblo… [podría configurar] traición”. Según los medios de comunicación, se estaría investigando a más de 30 organizaciones no gubernamentales, pero las organizaciones no han recibido ninguna notificación formal al respecto.
Es común que defensores de derechos humanos sean estigmatizados en los medios de comunicación controlados por el gobierno, y que sean objeto de persecución e intimidación por parte de personas no identificadas alineadas con el gobierno. Un ejemplo reciente es el de Carlos Correa, director de Espacio Público, quien en 2010 fue el centro de una intensa campaña de propaganda que incluyó una secuencia de dibujos animados transmitida por la televisión estatal (VTV), donde se mostraba a Correa saliendo de la embajada estadounidense en una limusina y con un maletín repleto de dólares.
En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional sancionó dos leyes que, si se aplicaran a organizaciones de derechos humanos, podrían socavar gravemente su capacidad de trabajar en forma independiente. La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional prohíbe que las organizaciones dedicadas a “la defensa de los derechos políticos” o a “ejercer control sobre los poderes públicos” reciban financiamiento internacional. También dispone que los extranjeros invitados a Venezuela por estas organizaciones serán expulsados del país en forma sumaria cuando emitan opiniones que “ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía”. Las organizaciones que los inviten podrán ser sancionadas con severas multas. El lenguaje amplio empleado por la ley ha obstaculizado aún más la posibilidad de las organizaciones de derechos humanos de conseguir financiamiento internacional, del cual dependen para llevar a cabo su trabajo.
A su vez, la Asamblea Nacional adoptó la Ley Orgánica de Contraloría Social, que regula el trabajo de “organizaciones y personas… que realicen actividades con incidencia en los intereses generales o colectivos”. La ley dispone que las organizaciones y personas deben “guardar reserva” de la información y documentación obtenida durante su trabajo, que este tipo de trabajo debe realizarse de manera ad honorem, que las personas deben regirse por “principios y valores socialistas” establecidos en la ley, y que quienes incumplan esta norma podrán ser pasibles de sanciones administrativas, civiles o penales.
Juicios contra opositores del gobierno
El gobierno de Chávez ha iniciado juicios penales contra varias personas por sus críticas al gobierno. La falta de independencia de los tribunales contribuyó a reducir la posibilidad de que las partes recibieran un juicio imparcial.
En marzo de 2010, la Fiscalía General de la República inició una investigación para determinar la responsabilidad de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, por “los delitos de divulgación de información falsa, y ofensa y vilipendio al Presidente de la República”. En un discurso durante un encuentro público, Zuloaga había acusado al presidente de “ordenar disparar” a manifestantes durante el golpe de estado de abril de 2002 contra Chávez. En junio, durante un discurso que se transmitió por televisión, el presidente expresó su indignación debido a que Zuloaga aún se encontraba en libertad. Una semana después, la policía se presentó en la vivienda de Zuloaga para detenerlo junto a su hijo por supuestas irregularidades en su negocio de venta de automóviles. Según sus abogados, la investigación había estado paralizada durante varios meses. En agosto, el Tribunal Supremo de Venezuela autorizó un pedido para que Zuloaga y su hijo fueran extraditados de Estados Unidos, donde solicitaron asilo.
Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado de Zulia y opositor de Chávez, fue acusado de “instigación pública a delinquir, poner en peligro la tranquilidad pública” y de “difundir información falsa” por criticar al gobierno de Chávez durante una entrevista televisiva en marzo de 2010. Álvarez Paz había dicho que “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita el negocio del tráfico de drogas”. Álvarez Paz permaneció en prisión preventiva durante casi dos meses y aún está siendo investigado penalmente.
En febrero de 2011, Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, fue condenado por haber organizado y participado en una huelga en Guyana junto con otros 2000 trabajadores, ante el incumplimiento de un contrato colectivo por parte de esta empresa estatal. González fue detenido en septiembre de 2009 luego de que se le imputara los delitos de “instigación a delinquir”, agavillamiento y violación de la prohibición de acceso a zonas de seguridad. En noviembre de 2010, la Organización Internacional del Trabajo determinó que los hechos que motivaron el procesamiento de González -tomar las instalaciones de la empresa, bloquear la circulación de trenes y detener la producción durante varios días- no justificaban su detención y pidieron a Venezuela que lo liberara. González continuó bajo arresto domiciliario hasta enero de 2010, cuando fue transferido a la cárcel de Patrulleros de Caroní. Luego de su condena, el Tribunal Supremo le habría otorgado la libertad condicional pero con la obligación de presentarse ante la policía cada 15 días.
III. Recomendaciones
Sobre independencia judicial
La Fiscalía General de la República debería liberar inmediatamente a la Jueza María Lourdes Afiuni y retirar todos los cargos en su contra.
La Asamblea Nacional debería:
- Implementar un proceso único de ratificación para legitimar la composición del Tribunal Supremo que requiera, por ejemplo, la confirmación de una mayoría de dos tercios de los votos para cada magistrado del Tribunal que haya sido designado después de la sanción de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 2004, incluidos aquellos nombrados en diciembre de 2010. Deberían adoptarse medidas que permitan la destitución lícita de cualquier magistrado que no reciba una mayoría de dos tercios de los votos durante este proceso. Las vacantes que se generen deberán cubrirse mediante un proceso de selección abierto, transparente y que garantice el mayor consenso político posible.
- Derogar las disposiciones de Ley Orgánica del Tribunal Supremo que socavan la independencia de este tribunal al permitir la remoción de magistrados con una mayoría simple de los votos.
El Tribunal Supremo debería:
- Resolver rápida e imparcialmente los recursos que se relacionen con supuestas violaciones de derechos fundamentales, en especial si la demora del tribunal pudiera resultar en un daño irreparable; y
- Recusar a los magistrados que tengan evidentes conflictos de intereses, a fin de asegurar que todas las decisiones se adopten imparcialmente. Esta imparcialidad no sólo deberá manifestarse en las actuaciones del Tribunal, sino que también deberá percibirse como tal.
El gobierno de Venezuela, y los magistrados del Tribunal Supremo, deberían abstenerse de adoptar medidas o efectuar declaraciones que atenten contra la independencia judicial, o que puedan generar la percepción que están socavandola.
Sobre libertad de expresión
La Asamblea Nacional debería derogar todas las disposiciones legales que infringen las normas internacionales sobre libertad de expresión y generan una presión indebida para la autocensura. Concretamente, debería derogar todas las normas penales sobre desacato y aquellas que penalizan la difamación de funcionarios públicos e instituciones; asegurar que las indemnizaciones civiles por difamación sean limitadas a fin de evitar limites indebidos a la libertad de expresión; y modificar la Ley de Responsabilidad Social para asegurar que el delito de incitación esté definido con precisión y se restrinja a las situaciones en las cuales los prestadores de servicios de radio y televisión inciten en forma directa y explícita a cometer delitos.
El gobierno debería garantizar la imparcialidad y el debido proceso en los procedimientos utilizados para exigir el cumplimiento de las leyes sobre radio y televisión. Concretamente, debería asegurar que la investigación y sanción de las supuestas infracciones a dichas leyes estén a cargo de un organismo imparcial e independiente, protegido de interferencia política; y asegurar que se les garantice a los presuntos infractores de las normas sobre radio y televisión el derecho de responder a las acusaciones en su contra.
Sobre la protección de defensores de derechos humanos y los juicios contra opositores
El gobierno de Chávez debería abandonar su agresiva postura de confrontación frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. En especial, las autoridades deberían:
- Evitar los ataques infundados destinados a restar credibilidad a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil;
- Rectificar públicamente las acusaciones públicas infundadas formuladas contra defensores y organizaciones de derechos humanos; e
- Interactuar constructivamente con los defensores de derechos humanos en la búsqueda de soluciones para abordar los problemas en esta materia en Venezuela.
Además, la Fiscalía General de la República debería:
- Concluir las investigaciones penales pendientes contra defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil en forma oportuna;
- Abstenerse de presentar acusaciones injustificadas o extremadamente exageradas contra defensores de derechos humanos y líderes de la sociedad civil; y
- Abstenerse de presentar acusaciones contra opositores del gobierno en respuesta a su cuestionamiento de las acciones o políticas del gobierno.
[1] En mayo de 2004, la Asamblea Nacional sancionó la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), que concedió poderes suficientes a la estrecha mayoría chavista en este órgano para depurar al máximo tribunal del país y modificar su composición.
La nueva ley que permitió copar el Tribunal Supremo con aliados del gobierno aumentó el número de magistrados del Tribunal Supremo de 20 a 32. Los nuevos magistrados podían ser elegidos por mayoría simple de los votos de la Asamblea Nacional: un candidato que no recibiera una mayoría de dos tercios en las primeras tres votaciones podría ser elegido por mayoría simple en la cuarta.
A su vez, la ley eliminó en la práctica el procedimiento constitucional para la destitución de los magistrados. Si bien el proceso de destitución de los magistrados aún requiere la mayoría de dos tercios de los votos, la ley crea dos nuevos mecanismos para removerlos sin seguir el proceso de destitución y sin necesidad de una mayoría de dos tercios. Uno de ellos supone suspender a los magistrados (en la práctica, por tiempo indefinido) hasta que se vote la destitución y el otro permite a la Asamblea Nacional “anular”, por mayoría simple, las actuaciones mediante las cuales fueron designados en determinadas circunstancias.
La nueva ley estableció las bases para copar el Tribunal Supremo con aliados del gobierno. Pocas semanas después de la sanción de la ley, los tres magistrados responsables de las sentencias más criticadas por los seguidores de Chávez estaban fuera del Tribunal. Y, en diciembre, los miembros de la Asamblea Nacional alineados con el gobierno habían llenado esos puestos y otros dos más, así como las doce nuevas vacantes creadas por ley, con individuos considerados aliados político
Human Rights Watch 22,3,11
I. Summary
President Hugo Chávez and his supporters have effectively neutralized the independence of Venezuela’s judiciary. In the absence of a judicial check on its actions, the Chávez government has systematically undermined freedom of expression and the ability of human rights groups to promote basic rights. It has also prosecuted government critics.
II. Human Rights Issues
Lack of Judicial Independence
In 2004 President Chávez and his supporters in the National Assembly launched a political takeover of the Supreme Court, filling it with government supporters and creating new measures that make it possible to purge justices from the court.[1] Since then the court has largely abdicated its role as a check on executive power, failing to uphold fundamental rights enshrined in Venezuela’s constitution in key cases involving government efforts to limit rights.
The impact of the political takeover of the Supreme Court soon extended to the entire judiciary. The packed Supreme Court, in charge of appointing and removing lower court judges, has significantly altered the composition of the judiciary.
In December 2010, Chávez’s allies in the National Assembly rushed to keep the Supreme Court packed. By modifying the legal timeline to appoint Supreme Court Justices, they were able to appoint nine permanent Supreme Court justices and 32 stand-ins, just weeks before the new National Assembly-with a substantial opposition composition-took office in January 2011.
When initiating the judicial activities of 2011, Supreme Court President Luisa Estella Morales held that laws in Venezuela “respond to an ideological purpose.” The keynote speaker during the public event, Justice Fernando Torre Alba, stated that the judiciary “has the duty to participate in the effective implementation… of the government’s public policy to develop… a Bolivarian and democratic socialism” and that all courts, including the Supreme Court, “must severely … sanction behaviors or cases that undermine the construction of [such] socialism.”
A paradigmatic case that shows the lack of judicial independence in Venezuela is the arbitrary detention of Judge María Lourdes Afiuni. In December 2009, Judge Afiuni was detained on the day she authorized the conditional release of Eligio Cedeño, a banker accused of corruption. Afiuni was following a recommendation by the UN Working Group on Arbitrary Detentions, given that Cedeño had been in pre-trial detention for almost three years, although Venezuelan law prescribes a two-year limit. A day after her arrest, Chávez branded Afiuni a “bandit” who should be sentenced to the maximum 30 years in prison. Judge Afiuni was accused of corruption, abuse of authority, and “favoring evasion of justice.” She will be tried by a judge who has openly supported President Chávez, stating that he “would never betray … [his] Commander because [he] take[s] the Revolution in [his] blood.”
Judge Afiuni was held in pretrial detention in deplorable conditions in a violent women’s prison in Caracas for over a year. At this writing, she continues to be arbitrarily detained under house arrest. Several international bodies from the United Nations and Inter American human rights systems have questioned the legality and conditions of Afiuni’s detention.
Freedom of Expression
Venezuela enjoys a vibrant public debate in which anti-government and pro-government media are equally vocal in criticizing and defending the president. However, the government has discriminated against media that air views of political opponents, has strengthened the state’s capacity to limit free speech, and has created powerful incentives for government critics to self-censor.
Laws contributing to a climate of self-censorship include 2005 amendments to the criminal code extending the scope of “desacato” laws that criminalize disrespect of high government officials, despite international standards that require such laws be abolished. A broadcasting statute (Law on Social Responsibility in Radio and Television) adopted in 2004 allows arbitrary suspension of channels for the vaguely defined offense of “incitement.” In December 2010, the National Assembly extended the scope of this broadcasting statute to include the Internet. It also amended the telecommunications law, which now states that broadcast media and the Internet are “a public service” and, as such, are “reserved for the state.” This law grants the government the power to suspend or revoke broadcasting concessions to private outlets if it considers that is “convenient for the interests of the nation, or if public order and security demands it.”
The government has abused its control of broadcasting frequencies to punish radio and television stations with overtly critical programming, while obliging private media to transmit speeches of the president and other officials. Since taking office in February 1999 Chávez has compelled radio and TV stations using public airwaves to transmit more than 2,000 of his speeches live.
In January 2010 the government broadcasting authority CONATEL ordered the country’s cable providers to suspend transmitting channels that did not comply with the broadcasting statute until they applied for, and received, the status of “international” channels (to which the statute does not apply). The suspension affected seven channels, including RCTV International, the cable channel created after RCTV-a critic of Chávez-was taken off public airwaves in 2007. Most channels were soon back on air, but CONATEL rejected RCTV International’s application for status as a national broadcaster. At this writing the channel was only available online and unable to transmit in Venezuela.
CONATEL is also currently investigating six cases of alleged violations to the broadcasting statute or the telecommunications law by Globovisión, the only open air TV channel that remains critical of the government. According to Globovisión’s lawyer, all cases are ready to be resolved but no decision has been adopted to date; some have been pending for over a year.
Additionally, the government has adopted vague norms that expand its power to limit access to almost any information it holds, which contradicts the principle of maximum disclosure of public information. In June 2010 Chávez created by decree a Center for Situational Studies of the Nation (CESNA), which has broad powers to limit public dissemination of “information, facts or circumstance[s]” that it decides should be confidential. The decree’s language is so broad it could allow the government to block information disseminated by civil society groups and media entirely at its discretion. And in December, the Chávez administration adopted regulations that establish that all government offices must consider that “any information related to personnel, clients, financial, technical or administrative issues, and any other sensitive information that if known and made public to unauthorized people may cause harm to the institution” should be confidential. It provides a list of examples but establishes that government authorities may consider that “any other information” may also be confidential.
Human Rights Defenders
The Chávez government has aggressively sought to discredit local and international human rights organizations. Officials, including the president, have repeatedly made unsubstantiated allegations that human rights advocates are engaged in efforts to destabilize the country.
Rights advocates have been targeted for prosecutorial harassment. In July 2010, President Chávez stated that prosecutors should “thoroughly investigate” the “millions and millions of dollars” that the US State department gives Venezuelan NGOs. His statements came a day after a pro-Chávez organization presented a formal complaint before prosecutors seeking an investigation into funding received by two leading human rights groups in Venezuela. The Supreme Court ruled the same month that “obtaining financial resources, either directly or indirectly, from foreign states with the intent of using them against the Republic, [and] the interest of the people [could constitute] treason.” According to press accounts, over 30 nongovernmental organizations are under investigation, but the organizations have not received any formal notification regarding these cases.
Human rights defenders are often stigmatized in government-controlled media and harassed or intimidated by unidentified individuals aligned with the government. A recent example is the aggressive publicity campaign against Carlos Correa, director of Public Space (Espacio Público), in 2010-which included an animated sequence aired by state television (VTV) depicting him leaving the US embassy in a limousine with a suitcase overflowing with US dollar bills.
In December 2010, the National Assembly adopted two laws that, if applied to human rights organizations, could severely undermine their ability to work independently. The Law for the Defense of Political Sovereignty and National Self Determination blocks nongovernmental organizations that “defend political rights” or “monitor the performance of public bodies” from receiving international funding. It also states that foreigners invited to Venezuela by these groups will be summarily expelled from the country if they express opinions that “offend the institutions of the state, top officials or attack the exercise of sovereignty.” The organizations that invite the foreigners would face stiff fines. The broad language included in the law has made it increasingly difficult for human rights organizations to obtain international funding, which is critical for them to carry out their work.
Additionally, the National Assembly adopted the Organic Law on Social Control, which regulates the work of “organizations and individuals… that perform activities with an impact on general or collective interests.” The law states that information and documentation obtained during their work must be “reserved,” that this type of work must be ad honorem, that individuals must follow the “[socialist] principles and values” included in the law, and that those who violate the law may be subject to administrative, civil, or criminal sanctions.
Prosecution of Government Critics
Several critics of the Chávez government have been targeted for criminal prosecution. The courts’ lack of independence diminished the accused parties’ chances of receiving a fair trial.
In March 2010, the Attorney General’s Office opened an investigation into the responsibility of Guillermo Zuloaga-president of Globovisión-for “disseminating false information, offense and insulting the President of the Republic.” In a speech at a public meeting in Aruba, Zuloaga had accused the president of having “ordered the shooting” of demonstrators during the April 2002 coup against him. In June, the president voiced outrage in a televised speech that Zuloaga was still free. A week later, police arrived at Zuloaga’s house to arrest him and his son for alleged irregularities in their car sales business, an investigation their lawyers said had been stalled for months. In August the Venezuelan Supreme Court authorized a request for Zuloaga and his son’s extradition from the United States, where they are seeking asylum.
Oswaldo Álvarez Paz, a former governor of the state of Zulia and a Chávez opponent, was accused of “public incitement [to violate laws] endangering public tranquility” and “publicizing false information” for criticizing the Chávez administration during a television interview in March. Álvarez Paz had said that, “Venezuela has turned into a center of operations that facilitates the business of drug trafficking.” He was in pretrial detention for almost two months, and remains under criminal investigation.
In February 2011, Rubén González, the secretary general of the Ferrominera Orinoco Union was convicted for having organized and participated in a strike with 2000 workers in Guyana to protest the government-owned company’s lack of compliance with a collective bargaining agreement. In September 2009, González was detained after prosecutors charged him with “incitement to commit crimes” (instigación a delinquir), conspiracy (agavillamiento), and violation of the prohibition to enter security zones. The International Labor Organization held in November 2010 that the facts that led to Gonzalez’s prosecution-taking over the company’s installations, blocking trains, and stopping the production during several days-did not justify his detention and requested Venezuela to release him. González remained under house arrest until January 2010, when he was transferred to the Patrulleros de Caroní prison. After his conviction, the Supreme Court reportedly authorized him to serve his sentence on conditional liberty but must report to the police every 15 days.
III. Recommendations
Regarding Judicial Independence
The Attorney General’s Office should immediately release and drop all charges against Judge María Lourdes Afiuni.
The National Assembly should:
- Implement a one-time ratification process to legitimize the composition of the Supreme Court, for example, by requiring a two-thirds majority affirmation vote for each Supreme Court justice whose appointment occurred after the passage of the 2004 Supreme Court law, including those appointed in December 2010. Measures should then be taken to permit the lawful removal of any justice who does not receive a two-thirds majority vote during this process. Any resulting vacancies should be filled through a selection process that is open, transparent, and ensures broadest possible political consensus.
- Repeal the provisions of the Supreme Court law that undermine the court’s independence by allowing justices to be removed by a simple majority vote.
The Supreme Court should:
- Resolve quickly and impartially appeals involving allegations of infringements of fundamental rights, particularly if the court’s delay would result in an irreparable harm; and
- Recuse justices who face clear conflicts of interests to ensure that all decisions are adopted impartially, and that the court is seen to be impartial, as well as acting impartially.
The government of Venezuela, and Supreme Court justices, should refrain from adopting measures or issuing statements that undermine-or generate the perception that they undermine-judicial independence.
Regarding Freedom of Expression
The National Assembly should repeal all legal provisions that contravene international norms on freedom of expression and generate undue pressure for self-censorship. Specifically, it should repeal all insult laws (desacato) and all laws that criminalize defamation of public officials and institutions; ensure that civil damages for defamation are limited so as to avoid a chilling effect on free expression; and amend the Social Responsibility Law to ensure that the offense of incitement is clearly defined and restricted to situations in which broadcasters directly and explicitly incite the commission of crimes.
The government of Venezuela should ensure the impartiality and due process in the procedures by which broadcasting laws are enforced. Specifically, it should ensure that investigation and sanctioning of alleged infractions of broadcast laws are carried out by an impartial and independent body protected from political interference; and that alleged violators of broadcast regulations are guaranteed the right to contest the charges against them.
Regarding the Protection of Human Rights Defenders and Prosecution of Critics
The Chávez administration should abandon its aggressively adversarial posture toward local human rights defenders and civil society organizations. Specifically, officials should:
- Refrain from unfounded attacks on the credibility of human rights defenders and civil society organizations;
- Publicly retract unfounded public statements against rights advocates and organizations; and
- Engage constructively with human rights defenders in seeking solutions to address Venezuela’s human rights problems.
In addition, the Attorney General’s Office should:
- Conclude outstanding criminal investigations against human rights defenders and civil society representatives in a timely manner;
- Refrain from filing unsubstantiated or grossly exaggerated charges against human rights defenders and civil society leaders; and
- Refrain from filing charges against government critics in response to their questioning of government actions or policies.
[1] In May 2004, the National Assembly passed the new Organic Law of the Supreme Court (Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, LOTSJ), which granted the slim Chavista majority in the National Assembly powers to pack and purge the highest court in the country.
The new court-packing law increased the Supreme Court from 20 to 32 justices. The new justices could be selected with a simple majority vote of the National Assembly: a nominee who failed to receive a two-thirds majority in the first three votes could be selected by a simple majority on the fourth vote.
In addition, the law eliminated, in practice, the constitutional requirements to impeach justices. While the impeachment of justices still requires a two-thirds majority vote, the law creates two new mechanisms for removing justices, short of impeachment and without the need for a two-thirds majority. One entails suspending justices (in practice, indefinitely) pending an impeachment vote, and the other allows the National Assembly to “nullify” justices’ appointments by a simple majority vote in certain cases.
The new law provided the basis for a political takeover of the Supreme Court. Within weeks of its passage, the three justices responsible for the rulings most criticized by Chávez’s supporters were off the court. And, by December, pro-government members of the National Assembly had filled their seats, two additional vacancies, and 12 new seats created by the law, with people known to be political allies.
Human Rights Watch 22,3,11
